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Éstos son los principales puntos en la discusión para la reforma del outsourcing en México, que se discutirá a partir del verano.

En total, 4.6 millones de personas laboran mediante alguna modalidad de outsourcing en México. El problema es que más de la mitad -cerca de 2.9 millones- lo hacen bajo un esquema ilegal.

Ésta es una de las razones por las que el Gobierno Federal impulsa la iniciativa de reforma a la figura de la subcontratación laboral en el país, cuya discusión será retomada en septiembre, según diversos medios.

Además de las desventajas para los trabajadores subcontratados de forma ilegal, existe otro motivo tras la iniciativa federal: el sistema de seguridad social estaría perdiendo 21 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con la estimación del IMSS.

Sin embargo, hay millones de empleos que se mantienen gracias al outsourcing en México, una modalidad que incentiva la competitividad de las empresas. De hecho, la cantidad de trabajadores subcontratados representa el 17 por ciento de la plantilla laboral en el país.

Por ello, la reforma que se discutirá en los próximos meses ha convocado a distintas voces y representantes de empresas, sindicatos y gobierno, en busca de una conciliación de intereses para el bien de los trabajadores.

El outsourcing en México

El outsourcing en México está contemplado en la ley laboral como un proceso mediante el cual una empresa subcontrata a tercero para realizar una actividad, con el fin de reducir costos, acceder a nuevas tecnologías o aumentar la producción

Sin embargo, en la práctica es común que empresas recurran al outsourcing para:

  • Simular la existencia de una relación laboral
  • Registrar a los trabajadores con un salario inferior
  • Desagregar a una parte de la plantilla laboral
  • No integrar el salario base de cotización
  • Evadir obligaciones, pagando una parte del salario en efectivo

La iniciativa del Ejecutivo

Por ello, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador prohíbe la subcontratación de personal, con excepción de la prestación de servicios especializados y que no formen parte del objeto social de la empresa.

Es decir, las empresas contratistas únicamente podrán ofrecer servicios específicos y para ello deberán:

  • Renovar cada 3 años la autorización de la STPS.
  • Formar parte de un padrón único.

Por otro lado, los contratantes deben integrar informes trimestrales detallados a la STPS, para que la autoridad pueda constatar que recurre a la subcontratación para servicios ajenos a su giro principal.

Las voces críticas

Sin embargo, el sector empresarial también se involucró en la discusión por la reforma al outsourcing, pues la iniciativa del Ejecutivo desalentaría la creación de empleos y pondría en riesgo los dos millones de empleos que actualmente dependen de esta modalidad.

Entre los puntos de coincidencia entre el Gobierno, sindicatos y empresas están la necesidad de permitir el outsourcing, garantizando que los empleadores respeten los derechos de los trabajadores y cumplan con sus obligaciones fiscales y patronales.

Por ejemplo, actualmente los trabajadores subcontratados deben esperar, en promedio, cuatro años más para acceder a un crédito Infonavit. Por si fuera poco, demoran más tiempo en pagar un crédito hipotecario, no reciben aguinaldo por ley y no generan antigüedad laboral.